Los supermercados y comercios minoristas pueden solicitar un ticket a

El Sernac monitoreará la práctica para averiguar por qué las empresas están tomando estas acciones y para evaluar si existen violaciones a la ley del consumidor.

El control incluirá el envío de intercambios, donde las empresas tendrán que justificar este tipo de medidas, además de visitas presenciales a los locales.

En caso de constatación de infracciones a la ley del consumidor, el SERNAC no excluye acciones individuales o colectivas en defensa de los consumidores.

Los supermercados y comercios minoristas pueden solicitar un ticket a

El SERNAC inspeccionará supermercados y comercios minoristas de todo el país, al haber constatado a través de denuncias y alertas ciudadanas que varios comercios de estas zonas exigen a los consumidores la presentación de recibos para acreditar sus compras a la salida del local.

El objetivo de esta gestión es conocer los motivos de las empresas ante este tipo de medidas que podrían vulnerar los derechos de los consumidores si no existen razones objetivas que lo justifiquen.

El control del SERNAC incluirá el envío de oficios, donde se solicitará una serie de información contextual, así como visitas presenciales a las instalaciones para constatar este tipo de prácticas y verificar en campo si existen violaciones a la normativa de derechos del consumidor.

En caso de detección de infracciones a la ley del consumidor, el SERNAC tomará las medidas correspondientes.

Según datos preliminares desarrollados por el Servicio, este tipo de práctica se ha extendido en los últimos tiempos. En algunos lugares, las empresas piden boletos a todos los consumidores, mientras que en otros lo hacen de manera casual.

Durante este año, el SERNAC ha recibido numerosas denuncias y alertas de la ciudadanía en las que los consumidores señalan que se sienten incómodos con estas prácticas y señalan al menos 17 empresas, preferentemente de sectores de gran distribución y distribución masiva. No obstante, el Servicio no descarta extender este control a otros elementos.

“A través de esta auditoría, analizaremos el alcance de estas medidas y si hay evidencia que las justifique. A priori, nos parece que someter a los consumidores a este tipo de necesidades puede generar estrés, dar lugar a malos tratos o dejar la puerta abierta a la discriminación arbitraria. Las empresas tienen derecho a adoptar medidas de seguridad, pero siempre respetando la dignidad y los derechos de las personas”, dijo el subdirector del SERNAC Jean Pierre Couchot.

Explique que en caso de que los guardias o personal de vigilancia atrapen a una persona que comete un delito, solo están autorizados a entregarlo a las autoridades competentes, como carabinieri o investigaciones. Estos funcionarios no podrán discriminar, burlarse, golpear, registrar o detener a la persona en contra de su voluntad.

Los consumidores injustamente acusados ​​de actos ilícitos deben requerir la presencia de la autoridad para que se inicie el procedimiento para determinar si ha existido o no el delito.

Los consumidores tienen derecho a reclamar la indemnización correspondiente cuando se vulneran sus derechos, es decir, molestias, humillaciones, dolor causado por la situación.

También es importante señalar que en caso de maltrato, discriminación o denuncias de falso hurto, las empresas enfrentan multas de hasta 300 UTM, o aproximadamente $17 millones 600,000 por cada infracción, además de las indemnizaciones que el tribunal haya determinado. a favor del consumidor afectado.

Por otro lado, la ley Zamudio, en vigor desde 2012, ha reforzado e integrado el derecho de los consumidores porque, por ejemplo, define claramente qué se entiende por “discriminación arbitraria”, aportando pautas más claras en caso de acción judicial. .

Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación (ley Zamudio)

Artículo 2.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción sin justificación razonable, realizada por agentes o particulares del Estado, y que suponga privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los legítimos derechos fundamentales consagrados en la Constitución política. de la República o en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, especialmente si se basan en razones tales como raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, pertenencia o participación en el comercio uniones o no, sexo, maternidad, lactancia, orientación sexual, identidad y expresión de género, estado civil, edad, afiliación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad.

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